Privilegiar a los residentes en la ciudad en relación al resto de los argentinos a la hora de la atención médica en hospitales porteños constituye una medida antidemocrática.
La historia occidental, al menos en los últimos cuatrocientos años, tiene un derrotero cual es la lucha por la extensión de los derechos a todos los seres humanos. Desde la gloriosa revolución de Cronwell, pasando por la eliminación de los privilegios en los EE.UU., por las consignas de la Revolución Francesa, y por las luchas de las sufragistas, puede ser entendida como una historia de la ampliación sucesiva de los derechos a los que puede acceder el ser humano. Así lo sostiene también nuestra Constitución en su famoso artículo 14 y su extensión el 14 bis.
En el siglo XX en particular ha habido una bifurcación, mientras que los derechos políticos tienen algunos condicionantes, como la edad, el lugar de residencia y en casi todos los países la nacionalidad, los derechos sociales propios del Estado de bienestar han tenido una clara orientación universal, tal el caso de los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación. Más aún, mientras que la soberanía ha sido una bandera muy defendida en el plano político, la ayuda humanitaria respecto de hambrunas, catástrofes y otras pestes ha sido considerada siempre una señal de avance de la humanidad.
De ahí que debamos evaluar en toda su importancia la medida discriminatoria que se está enunciando en estos días.
Concurrir a un hospital público en la Argentina no es algo reservado para los sectores altos y medios de nuestro país, donde el sistema de medicina prepaga y las obras sociales tienen una alta cobertura. Desgraciadamente, hoy el hospital público es para los pobres. Y resulta que ahora comienza a discriminarse entre pobres residentes dentro la ciudad y pobres residentes en el conurbano.
El sueño de contar con mano de obra barata y sana es compartido por todos los empleadores. Pero resulta que sólo se la acepta para el trabajo, pero no a la hora de la enfermedad. Los habitantes del Gran Buenos Aires son admitidos todos los días para trabajar en las más diversas actividades, para que dejen su dinero en la ciudad en el plano cultural, en actividades de ocio, en diversiones, pero no si se ven obligados a tener atención sanitaria.
Es hora que conozcamos la palabra de los médicos que trabajan en esas instituciones, obligados por su juramento profesional, es bueno que escuchemos al mundo académico, es bueno que atendamos la palabra de quienes emplean a los habitantes del conurbano, y quienes se benefician por sus gastos en nuestra ciudad. Sería útil oír a los constitucionalistas. También tiene que hablar el organismo respectivo nacional, el Inadi.
En sí, la medida que se anuncia hoy es un pasito, pero constituye la apertura a la discriminación, ya no basada en el color de la piel o en la religión, pero sí en criterios que afirman que un servicio público no es enteramente público, sino aproximadamente para algunos y no para otros. Malos aires se abaten sobre nuestra ciudad.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/96715-30545-2007-12-27.html
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